IDEAS PRINCIPALES
IDEAS PRINCIPALES
A medida que la crisis venezolana se prolonga y se perfila otro año frustrante de esperanzas frustradas y hambre, surge la pregunta de si existe un enfoque más efectivo. El país lleva 20 años estancado mientras los regímenes de Chávez y luego de Maduro han intentado aferrarse al poder frente a una oposición que ha buscado desplazarlos, en su mayoría —aunque no siempre— por medios pacíficos.
Un enfoque más efectivo que la destitución total de un bando requiere un proceso más prolongado de reparto de poder que permita a ambas partes avanzar hacia un sistema político basado en una cooperación sostenida. Estados Unidos podría contribuir a este proceso ofreciendo incentivos considerables —incluida la restauración de relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro— para fortalecer dicho camino.
Durante dos décadas, el gobierno y la oposición en Venezuela han estado atrapados en una competencia de todo o nada, una lucha a muerte por el poder en la que el ganador se lo lleva todo. Ya en 2003, el negociador del Centro Carter, Francisco Diez, señalaba sobre un proceso en curso: “la oposición busca el referendo revocatorio como un medio para tomar el poder y luego estar en posición de ‘eliminar’ al chavismo… Chávez, por su parte, busca el fracaso de la oposición en el referendo como una forma de eliminar cualquier desafío a su proyecto ‘revolucionario’ y consolidar su poder. Ninguna de las partes está pensando en la coexistencia…”. La primacía, más que la coexistencia, se convirtió en el objetivo de ambos bandos, y el sistema político terminó estructurándose en torno a esta dinámica.
Más recientemente, el analista Francisco Rodríguez señaló en un próximo libro que la estructura política del país se transformó en un escenario donde prevalece una política de “tierra arrasada”, en un sistema incapaz de “gestionar los conflictos inherentes a una sociedad polarizada”. A nivel fundamental, Rodríguez continúa, “Venezuela está atrapada en un estancamiento catastrófico entre fuerzas que no son lo suficientemente poderosas para imponerse la una sobre la otra, pero sí lo suficientemente fuertes como para impedir que la otra gobierne de manera efectiva”.
Esta estructura de todo o nada fue precisamente lo que condenó al fracaso las elecciones presidenciales de 2024 y dejó a la oposición democrática y a la mayoría de los venezolanos sumidos en la frustración. De hecho, el desenlace era totalmente predecible: cualquier resultado distinto al que ocurrió —el régimen de Maduro robando unas elecciones que la oposición ganó de manera legítima y verificable— habría sido altamente inusual.
El intento más cercano a cambiar la naturaleza de la contienda durante el ciclo electoral provino de un esfuerzo promovido por la sociedad civil para lograr un pacto de coexistencia que ofreciera incentivos y garantías al perdedor. Sin embargo, estos no eran incentivos para una verdadera coexistencia estructural o un reparto de poder, sino simplemente para la supervivencia. Además, el hecho de que la candidata opositora más popular —quien finalmente fue inhabilitada por el régimen— tuviera un historial de buscar la total eliminación de sus adversarios en el gobierno hizo que no fuera vista como confiable por el régimen y sus seguidores. En consecuencia, no existieron incentivos reales para ceder el poder.
¿Qué se necesita para cambiar las reglas del juego en Venezuela y permitir la emergencia de un nuevo escenario?
La oposición debe aceptar que, aunque ganó legítimamente las elecciones de 2024, hay pocas esperanzas de recuperar esa victoria en su totalidad.
Francisco Rodríguez sugiere que las elecciones de 1989 en Polonia podrían servir de referencia. Tras perder por un margen de dos a uno en las elecciones parlamentarias, el partido gobernante del general Wojciech Jaruzelski negoció un acuerdo de reparto de poder con la oposición del movimiento Solidaridad. En este acuerdo, Jaruzelski mantuvo la presidencia con control de los ministerios del Interior y Defensa, mientras que Solidaridad obtuvo la jefatura de gobierno y el resto del gabinete.
Rodríguez también destaca la importancia de retomar el “Marco para la Transición Democrática en Venezuela”, diseñado por la Oficina del Enviado Especial para Venezuela durante la primera administración de Trump en marzo de 2020. Este marco proponía un acuerdo de reparto de poder mediante un Consejo de Estado conformado por representantes de los principales partidos, que serviría como poder ejecutivo interino, con la posibilidad de convertirse en una estructura de largo plazo.
La oposición necesita un equipo de negociación más representativo e inclusivo, sumando a la sociedad civil, partidos opositores menores que han sido marginados de los diálogos y sectores clave como el empresarial y el educativo. Por parte del gobierno, la negociación debería involucrar a sindicatos, funcionarios públicos, empresarios afines y organizaciones civiles vinculadas al oficialismo.
La oposición debate si participar o no en estos comicios, pero el único resultado real de hacerlo es preservar los pocos espacios democráticos que quedan y obtener representación en instancias locales y legislativas. Sin embargo, debería aspirar a más. Aceptar la derrota en 2024 será difícil, pero menos que soportar otros seis años de declive económico y político.
EE. UU. tiene la única influencia real que podría reunir a todas las partes en torno a un nuevo marco. Hasta ahora, ha utilizado su poder principalmente para llevar a las partes a la mesa de negociación y presionar por elecciones libres y justas. Sin embargo, la elección de 2024 demostró los límites de esta estrategia, pues el régimen simplemente ignoró los resultados. Un enfoque más eficaz sería que Washington usara su influencia y una estrategia diplomática concertada para respaldar una política de coexistencia entre el régimen y la oposición mediante un acuerdo de reparto de poder.
Una posible opción sería un gran acuerdo entre EE. UU., Maduro y la oposición. Esto implicaría negociaciones sostenidas entre las tres partes, en lugar de que EE. UU. canalice su influencia exclusivamente a través de la oposición, como ha hecho hasta ahora.
Como parte de este acuerdo, EE. UU. podría beneficiarse de la restauración de relaciones con Venezuela, lo que le permitiría comprender mejor la dinámica social y política del país y aumentar su influencia. La política de ruptura de relaciones y el reconocimiento del gobierno interino de Juan Guaidó ya ha quedado obsoleta. En temas como la migración, el petróleo y la competencia con adversarios estratégicos, EE. UU. estaría en una mejor posición con una relación diplomática que sin ella. Además, esto facilitaría la cooperación con aliados en la región y el mundo.
Actualmente, ninguna de estas opciones está sobre la mesa, ya que todas las partes siguen aferradas a modelos sin posibilidades de éxito y sin mecanismos para transformar la brutal dinámica política del país. Las decisiones se toman desde una perspectiva táctica y transaccional, buscando beneficios a corto plazo en lugar de los cambios estructurales necesarios para que Venezuela recupere su funcionalidad y modernidad.
Mientras tanto, los adversarios de EE. UU. —Rusia, China e incluso un Irán debilitado— tienen vía libre para fortalecer su influencia en un país estratégicamente ubicado en el hemisferio occidental. Un movimiento audaz para negociar un gran acuerdo podría romper la toxicidad del escenario político venezolano y abrir el camino hacia la paz y la estabilidad.