La represión a la libertad religiosa

De las naciones del Hemisferio Occidental bajo régimen autoritario, Nicaragua se ha convertido en el país más afectado en lo que respecta a la libertad religiosa. El gobierno de Ortega-Murillo ha clausurado cientos de iglesias, expulsado a decenas de sacerdotes y encarcelado a muchos clérigos y laicos.

Mientras tanto, las preocupaciones aumentan sobre un nuevo órgano en Venezuela que aparentemente fue creado para promover la libertad religiosa, pero que es probable que ejerza un mayor control sobre la vida espiritual en el país.

Y, por supuesto, Cuba continúa violando los estándares de libertad religiosa a través de su draconiano monitoreo, un engorroso proceso de registro, redadas policiales en iglesias "ilegales" y la migración forzada de pastores que se niegan a permanecer en silencio. La represión ha resultado en migraciones, tanto forzadas como voluntarias, mientras los creyentes perseguidos huyen en busca de seguridad en otros lugares.

Además, muchos países latinoamericanos han pasado de ser mayoritariamente católicos a sociedades más pluralistas y seculares. En 1910, el Centro de Investigación Pew estima que aproximadamente el 94 por ciento de los latinoamericanos eran católicos. Un poco más de un siglo después, Pew encontró que los católicos solo representaban el 69 por ciento de los latinoamericanos, con un 19 por ciento que ahora pertenece a iglesias protestantes y un 8 por ciento sin afiliación religiosa.

Esta llegada de nuevas creencias y formas de vida ha creado tensiones sociales que afectan la libertad religiosa, especialmente para las comunidades indígenas y las minorías religiosas. Las comunidades indígenas, con sus tradiciones religiosas y de creencias únicas que se remontan a siglos atrás, han enfrentado durante mucho tiempo el avance geográfico y cultural. Pero más recientemente, las minorías religiosas, las religiones indígenas y las comunidades indígenas han sufrido discriminación y ataques contra sus miembros y lugares sagrados. Aunque la mayoría de los gobiernos rechazan tales ataques y promueven medidas para abordarlos, persisten problemas con el acceso a la justicia, la educación, la vivienda, el empleo y la construcción de lugares de culto.

El marco legal actual de derechos humanos para la región

A pesar de estos desafíos, la región cuenta con un sólido marco de derechos humanos destinado a proteger la libertad religiosa. La Organización de los Estados Americanos (OEA) fue la primera organización internacional en reconocer los derechos humanos, con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre aprobada unos meses antes que la Asamblea General de la ONU aprobara la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948.

Posteriormente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos se firmó en 1969 y protegió explícitamente la libertad religiosa en el derecho de tratados de una manera que refleja los estándares de la ONU. La convención también proscribe la discriminación basada en la religión o creencia, incluidas limitaciones a la reunión o movimiento.

Más recientemente, la OEA, como entidad internacional, ha sido cada vez más vocal sobre la libertad de religión o creencia. Ha creado alianzas y emitido declaraciones señalando la importancia de la libertad religiosa, destacando situaciones particulares, como en Nicaragua, y convocado reuniones especiales. A principios de este año, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se reunió con la Relatora Especial de la ONU sobre la Libertad de Religión o Creencia, Nazila Ghanea, para resaltar la creciente importancia de este derecho en la región de la OEA.

Los estados miembros de la OEA también han hablado colectivamente sobre estos temas, más recientemente como parte de la "Resolución para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos" que se aprobó en la 52ª Asamblea General de la OEA en Lima, Perú.

Una falta de mecanismos de aplicación

La resolución de la Asamblea General de la OEA también encargó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisar los problemas de libertad religiosa en la región. Anteriormente, pocos casos sobre libertad religiosa han llegado ante la comisión, dejando así pocas oportunidades para que esta o la Corte Interamericana de Derechos Humanos examinen y dictaminen sobre los desafíos fundamentales de la libertad de religión o creencia.

Como resultado, el sistema interamericano, a pesar de ser el primero en enunciar hace 75 años los estándares de derechos humanos y libertad religiosa, tiene poca jurisprudencia o antecedentes en los qué basarse al revisar violaciones fundamentales de la libertad religiosa. De hecho, hasta hace poco, pocos organismos de la OEA habían hablado extensamente sobre la libertad de religión o creencia.

Y aun cuando lo hacen, como muestra el informe de la CIDH publicado en febrero de 2024, el tema sigue sintiéndose novedoso. El informe de la CIDH resumió los parámetros del derecho a la libertad religiosa en el contexto de los estándares interamericanos y de la ONU, pero dedicó poco tiempo a hablar sobre violaciones fundamentales relacionadas con la libertad de religión o creencia. En cambio, los autores dedicaron más atención a cómo los problemas de libertad religiosa se intersectan con otras preocupaciones de derechos humanos, lo cual, aunque no necesariamente problemático, desvió la atención de la libertad de religión y creencia en sí misma y perdió la oportunidad de hablar sobre los desafíos de manera directa. Como declaró el comunicado de prensa de la comisión: "En la elaboración del estudio se aplicaron enfoques de género y étnico-raciales, así como la perspectiva de la interseccionalidad, con el fin de tener en cuenta las diferentes realidades que enfrentan los grupos en el ejercicio de este derecho humano en la región".

Desafortunadamente, este enfoque pareció enfrentar la libertad religiosa con otras preocupaciones de derechos humanos. Es una dicotomía falsa, ya que la libertad religiosa es un derecho humano. Ciertamente, existen tensiones entre los actores religiosos y los derechos de conciencia en relación con temas como el matrimonio, la vida, la autonomía corporal, la discriminación LGBTQ+ y otros asuntos. Estas tensiones se detallaron en el informe y en sus disidencias. Sin embargo, la sorprendente decisión procesal de no publicar la "explicación del voto" de los comisionados disidentes parece ir en contra de las reglas de procedimiento de la comisión. La decisión careció de transparencia y limitó el acceso a los argumentos entre los comisionados, un acontecimiento lamentable, ya que, irónicamente, la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia debería crear espacio para estos debates.

Mejorando las políticas de libertad religiosa

A pesar de todo, el informe resaltó cómo los estándares interamericanos protegen la libertad religiosa. Con los numerosos desafíos en toda la región, existe la necesidad de un mayor compromiso con la libertad religiosa por parte de la OEA como organización, de sus estados miembros y de los diversos componentes del sistema interamericano.

Para ayudar, USIP, en colaboración con la Universidad Pepperdine y la Universidad Brigham Young, convocó a delegaciones de la OEA y a expertos de la OEA a principios de año para explorar áreas de acuerdo. Discusiones posteriores con la sociedad civil también tuvieron lugar recientemente. Y si bien promover la libertad religiosa refleja un compromiso con los derechos humanos, también es de interés de seguridad de Estados Unidos trabajar a través de la OEA para asegurar que las naciones del Hemisferio Occidental continúen protegiendo este derecho, ya que garantiza la estabilidad, gestiona positivamente la diversidad y previene el crecimiento del extremismo, como lo ha destacado USIP anteriormente.

De estas conversaciones, los participantes coincidieron en la necesidad de que todos los actores que trabajan para promover los derechos humanos en el hemisferio —gobiernos, organizaciones multinacionales, sociedades civiles y organizaciones basadas en la fe— encuentren formas de fomentar enfoques de consenso que promuevan la libertad religiosa en la región y defiendan a las minorías religiosas.

USIP y sus colaboradores están planeando conversaciones de seguimiento centradas en la resolución de derechos humanos de la Asamblea General de la OEA. La resolución identificó áreas de actividad prácticas, necesarias y de consenso, como los derechos de las minorías y las creencias indígenas, el acceso al culto y la protección de los lugares de reunión, y la lucha contra la discriminación basada en la religión o creencia. Además, la educación sobre la convivencia en la diversidad fue un tema clave que surgió de las conversaciones en USIP, y el Campus Global de USIP proporciona recursos para los y las constructores de paz para participar en sociedades religiosamente diversas, además de informes sobre la educación de los jóvenes en las escuelas.

Con dinámicas cambiantes y un pluralismo creciente en toda la región de la OEA, estos enfoques prácticos serán vitales para abordar la amenaza de la politización de la religión. En consecuencia, la OEA debe continuar expandiendo sus esfuerzos para proteger la libertad religiosa promoviendo más derechos para más personas y reconociendo la dignidad humana, que es la base para la paz en sociedades pluralistas. Queda trabajo por hacer para asegurar que todos en las Américas disfruten de la libertad de religión o creencia de manera sin trabas, sin temor a la discriminación o la violencia.