El gobierno de Nicaragua ha intensificado su enfrentamiento con una de las instituciones de mayor arraigo e históricamente poderosas del país: la Iglesia Católica. La policía allanó la rectoría episcopal en la ciudad norteña de Matagalpa el 19 de agosto y arrestó a un obispo, cinco sacerdotes y dos seminaristas. En las últimas semanas, el presidente Daniel Ortega cerró siete estaciones de radio católicas, expulsó a misioneras y prohibió las procesiones religiosas en un esfuerzo por silenciar a la disidencia, incluso arriesgando contrariar a la fervientemente católica población del país.

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Oficiales de la policía nicaragüense y agentes antidisturbios en la entrada principal de la iglesia del obispo Rolando Álvarez en Matagalpa, Nicaragua. 4 de agosto de 2022. (Inti Ocón/The New York Times)
Oficiales de la policía nicaragüense y agentes antidisturbios en la entrada principal de la iglesia del obispo Rolando Álvarez en Matagalpa, Nicaragua. 4 de agosto de 2022. (Inti Ocón/The New York Times)

Las acciones del presidente Ortega repercuten en toda Centroamérica. La represión política de los últimos años en Nicaragua ha enviado oleadas de migrantes a los países vecinos, especialmente al sur hacia Costa Rica, que apoya con dificultad a más de 150,000 refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses. Las medidas autoritarias de Ortega también están causando conmoción en el norte de Centroamérica, donde activistas de la sociedad civil y los medios de comunicación enfrentan sus propias luchas para fortalecer el estado de derecho y preservar el espacio democrático. Arturo Matute y Mary Speck de USIP examinan la crisis actual de Nicaragua y sus implicaciones para la región.

El presidente Ortega ha encarcelado o exiliado a la mayoría de sus opositores políticos y silenciado a los medios independientes dentro del país ¿Por qué ha decidido ahora apuntar a la Iglesia Católica?

Speck: Ortega obtuvo un cuarto mandato consecutivo en noviembre de 2021, aunque solo después de encarcelar a los principales candidatos de la oposición e impedir acceso a los observadores electorales internacionales. Desde entonces, ha intensificado esfuerzos para consolidar su control.

El gobierno sandinista de Ortega no solo ha silenciado a la prensa independiente, arrestando o amenazando tanto a periodistas como al personal no editorial, sino que también ha cerrado más de 1,400 ONGs. Entre las organizaciones clausuradas se incluyen grupos benéficos (como Operación Sonrisa, que brinda cirugía gratuita de labio leporino), asociaciones profesionales y comerciales (como el Club Rotario de León) y organizaciones recreativas (como el Centro Ecuestre de Cocibolca). El objetivo aparente es cerrar cualquier ONG asociada con líderes empresariales o cívicos que hayan criticado al gobierno.

La Iglesia Católica era prácticamente la única organización influyente e independiente que quedaba y conserva un enorme prestigio en el país predominantemente católico, razón por la cual el presidente Ortega pidió previamente a los obispos que mediaran entre el gobierno y la oposición en 2018, luego de tres meses de unas protestas que cobraron más de 300 vidas. Pero la mediación fracasó cuando los líderes de la iglesia insistieron en que el gobierno respondiera a las demandas de democratización. Desde entonces, el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han intensificado los ataques contra los líderes católicos, calificándolos de “terroristas” que pretenden “desestabilizar el Estado de Nicaragua”.

La policía rodeó la rectoría en Matagalpa durante dos semanas antes de realizar su redada al amanecer para capturar al obispo Rolando Álvarez. El popular prelado se encuentra ahora bajo arresto domiciliario en Managua, lejos de sus feligreses. Según los informes, la policía envió a los demás detenidos a El Chipote, una notoria prisión que alberga a casi 200 presos políticos en condiciones que los familiares y los abogados describen como terribles, sin acceso a alimentos ni atención médica decentes.

El gobierno de Ortega enfrenta sanciones de Estados Unidos y otros países. ¿Qué implican estas sanciones y por qué no han disuadido a los sandinistas aun?

Speck: Nicaragua es el país más sancionado de Centroamérica. En 2021, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley RENACER, que exige sanciones a quienes participen en elecciones injustas o corrupción, abusos de derechos humanos y ataques a la libertad de prensa.

Además, Estados Unidos ha designado a más de 20 nicaragüenses en la llamada Lista Engel, que les impide ingresar a Estados Unidos. Los nombrados incluyen jueces y fiscales responsables de los casos contra los opositores políticos de Ortega. Canadá, el Reino Unido y la UE han impuesto sanciones similares, dirigidas a individuos o entidades responsables de corrupción, abuso o represión graves.

Hasta hace poco, Estados Unidos se había abstenido de tomar medidas más amplias. Pero en julio, la administración Biden revocó la cuota de azúcar de Nicaragua, lo que permitía a los productores vender el producto en Estados Unidos a precios preferenciales. Aunque las ventas de azúcar de Nicaragua son relativamente pequeñas, la economía del país depende de las exportaciones a Estados Unidos, su mayor socio comercial.

Durante 15 años de gobierno sandinista, la familia Ortega y sus aliados comerciales han acumulado una riqueza considerable. Al apuntar hacia las exportaciones, Estados Unidos está advirtiendo a la élite nicaragüense que la piñata finalmente puede estar terminando.

Hasta ahora, el gobierno de Ortega no se amilana, encuentra en sus aliados más cercanos en la región, Cuba y Venezuela, ejemplos de gobiernos que han sobrevivido durante mucho tiempo a las sanciones de EE. UU., aunque su gente se hunda más en la pobreza.

¿Están tendiendo también los vecinos de Nicaragua hacia el autoritarismo? ¿Por qué ha sido tan difícil consolidar la gobernabilidad democrática bajo el estado de derecho en la región?

Matute: La represión de la disidencia por parte del gobierno sandinista es extrema, pero está lejos de ser única en Centroamérica. Los tres países al norte de Nicaragua: El Salvador, Guatemala y Honduras, sufren de instituciones débiles, pobreza extrema y altas tasas de criminalidad. Todos padecieron gobiernos autoritarios durante gran parte del siglo XX, El Salvador y Guatemala vivieron cruentos conflictos armados internos y Honduras sufrió un golpe militar en 2009.

La democracia electoral ha fracasado en gran medida en proporcionar seguridad física o económica a los ciudadanos de estos países. Por el contrario, millones de migrantes indocumentados han dejado Centroamérica para buscar un futuro mejor en los Estados Unidos.

El apoyo a las instituciones y normas democráticas se ha debilitado durante la última década. Las encuestas muestran que el 51 por ciento de los salvadoreños, el 38 por ciento de los guatemaltecos y el 26 por ciento de los hondureños creen que los presidentes deberían poder disolver sus respectivos congresos en tiempos difíciles. La mayoría en los tres países cree que los políticos son corruptos en general.

El presidente populista de El Salvador, Nayib Bukele, ha capitalizado sobre la exasperación con las poderosas pandillas callejeras para llevar a cabo operaciones draconianas contra el crimen. Después de una ola de violencia en marzo de 2022, Bukele declaró un Estado de Excepción y ha arrestado a más de 50,000 presuntos pandilleros, incluidos menores. Los acusados han comparecido ante los tribunales en grupos, con poco acceso a abogados o conocimiento de los cargos y las pruebas en su contra. El gobierno de Bukele también ha violado normas y procedimientos constitucionales al reemplazar jueces y promulgar leyes para censurar a los medios.

En Guatemala, un presidente conservador, Alejandro Giammattei, ha destituido a decenas de jueces independientes, obligando a muchos a huir del país amenazándolos con acusaciones dudosas. Su gobierno destituyó al principal fiscal anticorrupción del país y volvió a nombrar a una fiscal general que enfrenta sanciones de Estados Unidos por obstruir investigaciones. En julio de 2021, las fuerzas de seguridad arrestaron al periodista José Rubén Zamora, acusándolo de delitos financieros, aunque muchos ven el arresto como una represalia por las críticas agresivas de su periódico.

Sin embargo, no todo es negativo. En una señal esperanzadora de resiliencia democrática, Honduras puso fin recientemente a 12 años de gobierno unipartidista y eligió a Xiomara Castro, su primera mujer presidenta. Castro asumió el cargo en enero de 2022, demostrando que el poder presidencial puede transferirse pacíficamente a través de elecciones democráticas. Para gobernar con éxito, su gobierno progresista necesita superar la amarga polarización del país y combatir la corrupción generalizada. Mientras tanto, su antecesor, Juan Orlando Hernández, enfrenta un juicio en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

¿Han fracasado los esfuerzos de Estados Unidos de “nombrar y avergonzar” a los actores corruptos y autoritarios de la región? ¿Qué se puede y debe hacer para desalentar el aparente retroceso de la región hacia un régimen autoritario?

Matute: Algunos activistas argumentan que los Estados Unidos no han ido lo suficientemente lejos. Quieren que Estados Unidos y otras naciones democráticas presionen a las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para que impongan condiciones políticas a los préstamos multilaterales. También argumentan que los Estados Unidos pueden usar el comercio como palanca, condicionando acuerdos bilaterales y multilaterales al respeto de los derechos humanos, acciones para frenar la corrupción y elecciones creíbles, ya que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de la región.

Sin embargo, profundizar las sanciones contra Nicaragua o sus vecinos podría generar mayores dificultades en países que ya de por sí se encuentran entre los más pobres de América Latina, y producir nuevas oleadas migratorias hacia la frontera con Estados Unidos.

Es poco probable que las sanciones por sí solas detengan la deriva autoritaria de Centroamérica. A medida que crece el número de personas y entidades sancionadas, es probable que disminuya el poder estigmatizador de los Estados Unidos al "nombrar y avergonzar". Estados Unidos y sus aliados democráticos en la región necesitan un enfoque más creativo y enfocado en resolver problemas que vincule de manera más efectiva sanciones específicas con demandas claramente articuladas. El objetivo debe ser preservar y expandir el espacio democrático y proteger instituciones cruciales, incluida la prensa. Estados Unidos debe centrarse en un mayor apoyo a los gobiernos locales y los actores de la sociedad civil que promuevan el estado de derecho y aborden las necesidades de los ciudadanos comunes, incluyendo trabajos decentes, buenas escuelas, atención médica, agua y electricidad.

Históricamente, los líderes autoritarios de América Central no han proporcionado estos servicios adecuadamente a las mayorías. Los caudillos de hoy tampoco ofrecen soluciones a largo plazo para la inseguridad, la pobreza y la corrupción endémicas de la región. El desafío es demostrar que la democracia bajo el estado de derecho no es solo un ideal, sino la mejor manera de mejorar la vida de los ciudadanos centroamericanos comunes.

Arturo Matute es Experto Senior en Seguridad Ciudadana de USIP.

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