Después de reclamar una victoria decisiva en las elecciones del 7 de noviembre, Daniel Ortega, quien ha estado en el cargo desde 2007, ahora podría liderar Nicaragua hasta 2027, convirtiéndolo en el gobernante con más tiempo en el poder en toda América Latina. El gobierno sandinista aseguró su victoria reprimiendo cualquier disidencia y arrestando a decenas de opositores al régimen. Para Estados Unidos, contrarrestar la corrupción y la represión en Centroamérica es un desafío no solo en estados hostiles como Nicaragua, sino también entre antiguos aliados como El Salvador, Guatemala y Honduras. Estados Unidos no puede esperar un cambio rápido, en su lugar debe trabajar pacientemente con otros países para ofrecer una combinación de presiones e incentivos que abran espacios para el diálogo y una reforma democrática genuina mientras se castigan los actos de corrupción y represión.

A rally to support the Roman Catholic Church, which has been accused of supporting the opposition to President Daniel Ortega, in Managua, Nicaragua, July 28, 2018. (Daniele Volpe/The New York Times)
A rally to support the Roman Catholic Church, which has been accused of supporting the opposition to President Daniel Ortega, in Managua, Nicaragua, July 28, 2018. (Daniele Volpe/The New York Times)

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¿Es irreversible el descenso de Nicaragua a una dictadura? Keith Mines y Mary Speck de USIP examinan las fortalezas y debilidades del gobierno de Ortega, el estado de la oposición nicaragüense, las implicaciones para el estado de derecho en el resto de Centroamérica y las opciones para los tomadores de decisión estadounidenses.

¿Qué tan sólido es el control del presidente Ortega en el país después de las elecciones? Y ¿Dónde está la oposición?

La victoria de Ortega fue predeterminada, pero también precaria. Solo uno de cada cinco votantes registrados votó, según un organismo independiente de control electoral. La prensa independiente de Nicaragua informó que los lugares de votación estaban casi vacíos y las calles casi desiertas. Una encuesta reciente de Gallup encontró que cuatro de cada cinco nicaragüenses consideran ilegítima esta elección.

Los grupos de oposición reivindicaron una victoria moral, calificando la alta tasa de abstención como un acto de protesta. “El pueblo manda y hoy tomó su decisión: no legitimar esta comparsa” dijo la disidente Alianza Cívica. “La ciudadanía no le creyó a Ortega que esto era un acto electoral serio”, dijo Jesús Téfel, un analista exiliado afiliado a la coalición Unidad Azul y Blanco. "Además, fue un grito de ayuda a la comunidad internacional". Pero, al fin y al cabo, la oposición está debilitada y desorganizada.

Hasta ahora, Ortega se ha mantenido desafiante, desestimando a sus oponentes como los "hijos de perra de los imperialistas yanquis”. Su gobierno ha arrestado a una larga lista de opositores, incluidos los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro y Juan Sebastián Chamorro, hija y sobrino político de la ex presidenta Violeta Chamorro; Arturo Cruz, un excanciller nicaragüense; y Félix Maradiaga, un académico y activista.

Ortega sabe que no puede mantener el control sin promover el crecimiento económico en uno de los países más pobres de la región. El PIB de Nicaragua se contrajo casi un 9 por ciento entre 2017 y 2020, bajo la presión de la agitación política agravada por la pandemia del COVID. La actividad económica comenzó a recuperarse a principios de 2021, impulsada por las remesas, el aumento de las exportaciones y la renovada inversión extranjera. El Fondo Monetario Internacional también ayudó, enviando al país más de $350 millones de dólares en agosto de 2021 para combatir el hambre y la pandemia del COVID. Pero todo es muy tenue.

¿Cómo fue la reacción internacional y regional a las elecciones? ¿Existe el temor que otros líderes centroamericanos puedan tomar “una página del libro de jugadas” de Ortega en conatos para mantener su propio poder?

Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea (UE) han condenado la elección como ilegítima, junto con Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Rusia, Cuba, Venezuela y Bolivia enviaron sus felicitaciones.

En Centroamérica, las reacciones fueron variadas. El presidente Carlos Alvarado de Costa Rica dijo que su gobierno no reconocería los resultados, así como lo hizo el canciller de Panamá. El presidente Nayib Bukele de El Salvador desestimó el voto nicaragüense como una "farsa". Guatemala expresó su “preocupación”, pero se unió a Honduras, Argentina y México a abstenerse de una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) en octubre que exigía a Nicaragua que liberase a los presos políticos y garantizara unas elecciones libres.

Aunque ninguno ha llegado tan lejos como Ortega, los presidentes Alejandro Giammattei de Guatemala y Juan Orlando Hernández de Honduras han presidido sobre el retroceso democrático, socavando investigaciones contra la corrupción y amenazando a la sociedad civil. Además, aunque el presidente de El Salvador critica a Ortega, su gobierno también ha aprobado medidas que amenazan la independencia judicial.

Los tres líderes han rebatido las críticas de Estados Unidos. Bukele se jacta de ser el "dictador más cool del mundo". Giammattei continúa respaldando a su fiscal general a pesar de la decisión de Estados Unidos de suspender la cooperación con su oficina. Y Hernández, etiquetado como cómplice en el caso de drogas contra su hermano (que ahora cumple cadena perpetua en Nueva York), ha denunciado las acusaciones de los fiscales como "viles mentiras". Los tres países han desmantelado las comisiones anticorrupción apoyadas internacionalmente que estaban comenzando a investigar y enjuiciar a delincuentes de más alto nivel.

No hay duda alguna que están probando los límites de la influencia de Estados Unidos y estarán atentos a lo que hace la administración Biden en la vecina Nicaragua.

El presidente Biden denunció las elecciones como "una pantomima" y el Congreso Estadounidense aprobó una ley para aumentar la presión diplomática sobre el gobierno de Ortega. Después de las elecciones, ¿Qué otras opciones podría tomar la administración Biden?

La administración Biden se enfrenta a un dilema: las sanciones estadounidenses individuales y selectivas no han logrado cambiar significativamente el comportamiento del régimen sandinista. Estados Unidos ya ha incluido en su lista negra a funcionarios de alto nivel, incluido el presidente del Banco Central de Nicaragua, el general a cargo del fondo de pensiones de los militares y la hija del presidente. La UE también ha sancionado a funcionarios nicaragüenses.

La Ley RENACER, aprobada por el Congreso Estadounidense a principios de noviembre, instruye al gobierno de Biden a considerar medidas más amplias, incluyendo la expulsión de Nicaragua del CAFTA-DR, un acuerdo regional de libre comercio. Pero las sanciones integrales perjudicarían a los nicaragüenses de a pie, obligando a más de ellos a buscar refugio político y oportunidades económicas en el extranjero. Más de 100.000 nicaragüenses han buscado refugio formalmente en Costa Rica desde 2018, uniéndose a una comunidad de más de 300,000 emigrantes en dicho país.

También ha aumentado el número de nicaragüenses que llegan a la frontera con Estados Unidos. La patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a unos 50.000 nicaragüenses en la frontera sur en los primeros nueve meses de 2021.

Entonces, ¿Cómo puede Estados Unidos alentar al gobierno a cambiar su comportamiento sin castigar al pueblo nicaragüense?

Los Estados Unidos deberían trabajar con aliados extranjeros y actores democráticos nicaragüenses para diseñar un enfoque que ofrezca tanto presión como alivio. Las sanciones dirigidas siguen siendo la opción más fácil, pero deben coordinarse con otros países y sincronizarse mejor internamente con otras herramientas políticas de los EE.UU. Puede haber una apertura en algún momento para un enfoque más del tipo de “hoja de ruta” que vincule mejor alivios específicos de la presión Estadounidense o de la Unión Europea con acciones tangibles por parte del régimen de Ortega, en contraposición al sistema actual de sanciones generalizadas en busca de cambio total.

Las líneas de comunicación deben permanecer abiertas, a través de mediadores internacionales, como el Vaticano, la ONU o la OEA, para que el gobierno entienda que hay un camino adelante. Ortega sabe que la ayuda, el comercio y la inversión multilaterales están en peligro a menos que su gobierno convenza a socios económicos que puede garantizar estabilidad trabajando con la comunidad empresarial y la sociedad civil en general. Para llevarlos a la mesa, Ortega debe garantizar que su gobierno liberará a los presos políticos, respetará los derechos humanos, las libertades civiles y permitirá la apertura de auténticos espacios de diálogo. Estados Unidos y otros deberían reforzar el hecho que el gobierno de Nicaragua debe trabajar con aquellos en la oposición nicaragüense y permitir que florezca el espacio democrático.

Los partidarios internacionales de la democracia en Nicaragua deben estar preparados para caminar un camino largo y frustrante junto a los actores democráticos resilientes y valientes que apoyan. Deben saber cuándo su asistencia hará más mal que bien y medir el éxito en pequeñas aperturas del espacio democrático en vez de buscar netamente unas elecciones presidenciales libres y justas, incluso si estas siguen siendo el objetivo final. Mantenerse firmes frente a esta larga lucha resultará en dividendos no solo para los actores democráticos nicaragüenses, sino para quienes defienden la democracia y contra la corrupción en el resto de la región, quienes tomarán nota de lo que se hace en Nicaragua.

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