IDEAS PRINCIPALES
IDEAS PRINCIPALES
La inmigración no es solo un tema en Estados Unidos; ha generado un intenso debate 5,000 millas al sur, en Chile. Por un lado, los líderes empresariales chilenos enfatizan la necesidad de más trabajadores ante el envejecimiento de la población, y los defensores de derechos humanos exigen que los inmigrantes sean tratados con dignidad. Pero, por otro lado, los opositores sostienen que la inmigración está sobrecargando los servicios sociales, aumentando la delincuencia y debilitando la identidad nacional.
A pesar de las grandes diferencias entre Estados Unidos y Chile —la población de EE. UU. es 17 veces mayor y su ingreso per cápita es casi cinco veces más alto— el debate en ambos países es sorprendentemente similar. ¿Ha habido demasiada inmigración en muy poco tiempo? ¿Puede una barrera física —ya sea un foso o un muro— marcar alguna diferencia? ¿La inmigración beneficia o perjudica la economía? ¿Es responsable del deterioro de los servicios sociales? ¿Está transformando la identidad nacional de manera positiva o negativa? ¿Cuál es la respuesta para quienes ya están presentes ilegalmente: amnistía, expulsión o mantener el statu quo?
La experiencia de Chile demuestra que Estados Unidos no está solo en su lucha por gestionar los impactos de la inmigración masiva desde países en crisis económica y política, sino que incluso estados de ingresos medios, con menos recursos, también se ven obligados a buscar soluciones a lo que se está convirtiendo en uno de los desafíos más urgentes del mundo.
Chile ha experimentado un notable cambio demográfico. En 1992, los extranjeros constituían apenas el 0,8 % de su población. Al igual que sus vecinos del Cono Sur, Argentina y Uruguay, Chile tenía una población mayoritariamente de origen europeo, aunque también cuenta con una importante comunidad indígena. Además de los descendientes de los colonizadores españoles, el país recibió flujos migratorios principalmente desde Europa durante el siglo XIX y principios del XX, los cuales prácticamente cesaron después de un aumento tras el final de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, a partir de la primera década del siglo XXI, Chile experimentó un nuevo aumento de la inmigración, impulsado por el crecimiento económico derivado de las reformas implementadas bajo el régimen militar y mantenidas en gran medida por los gobiernos democráticos posteriores. La inmigración desde Perú, Bolivia y Argentina aumentó notablemente, pero el país pudo absorber a estos nuevos inmigrantes sin grandes dificultades. El cambio más significativo comenzó entre 2014 y 2015, cuando las crisis políticas, económicas y sociales en Venezuela y Haití provocaron un éxodo masivo. Como resultado, la población extranjera en Chile se disparó, alcanzando el 8,7 % de la población total, según el censo de 2022.
¿Cómo ocurrió esto? Lo que está claro es que Chile no llevó a cabo un debate nacional estructurado sobre la política migratoria mientras ocurría el aumento migratorio de la última década. La atención del país estaba enfocada en otras cuestiones, especialmente en cómo equilibrar el crecimiento económico con las demandas de mayor equidad. Además, Chile había absorbido exitosamente inmigrantes en el pasado, aunque en niveles más bajos y en un período más prolongado.
Chile no llevó a cabo un debate nacional estructurado sobre la política migratoria mientras ocurría el aumento migratorio de la última década. La atención del país estaba enfocada en otras cuestiones.
La presidenta de centroizquierda Michelle Bachelet posicionó a Chile como un “país acogedor” durante su primer mandato (2006-2010), garantizando atención médica para madres embarazadas, niños y personas en situación de emergencia, sin importar su estatus migratorio. Sin embargo, durante su segundo mandato no consecutivo (2014-2018), su gobierno no priorizó la política migratoria, a pesar del dramático aumento en los flujos de inmigrantes. Limitar la inmigración no formaba parte de su agenda, que enfatizaba un fuerte compromiso con los derechos humanos. (De hecho, Bachelet posteriormente se convirtió en Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos). Durante su administración se aprobó una legislación que aclaraba los procedimientos para obtener el estatus de refugiado, aunque su principal objetivo era asegurar que Chile cumpliera con las convenciones internacionales vigentes.
Chile tenía requisitos de entrada relativamente laxos; en general, no se exigían visas antes de que las personas se presentaran en aeropuertos o puestos fronterizos. En 2017, el director general de Asuntos Consulares de la Cancillería advirtió al ministro del Interior sobre un “flujo migratorio masivo y creciente de haitianos hacia Chile”, quienes llegaban en vuelos chárter supuestamente por turismo, pero con la intención de inmigrar. Sin embargo, su recomendación de imponer requisitos de visa no fue tomada en cuenta.
Para el final del mandato de Bachelet en 2018, la ola migratoria se había convertido en un tema de campaña. El candidato de centroderecha Sebastián Piñera, quien también buscaba un segundo mandato no consecutivo, prometió “ordenar la casa” imponiendo una política migratoria más restrictiva. Una vez en el cargo, impuso un estricto requisito de visa para los haitianos. También restringió la entrada de venezolanos, pero como opositor del régimen de Nicolás Maduro, permitió que aquellos que huían de la persecución obtuvieran una “visa de responsabilidad democrática” con mayor validez. No obstante, las dificultades que enfrentaban los venezolanos para obtener la documentación necesaria limitaron su capacidad para beneficiarse de esta opción.
A pesar de estas restricciones, Piñera aún tenía que lidiar con la migración irregular a través de la frontera terrestre con Bolivia, utilizada tanto por haitianos como por venezolanos. En 2021, la ciudad fronteriza de Colchane, de mayoría indígena y pobre, se convirtió en un punto crítico. Las protestas contra la inmigración descontrolada se tornaron violentas cuando residentes locales incendiaron un campamento de migrantes en la plaza del pueblo. Este incidente se convirtió en un símbolo del impacto que la inmigración descontrolada estaba teniendo en Chile.
Para las elecciones de 2021, el tema migratorio ya dominaba el debate público. El candidato de extrema derecha José Antonio Kast propuso excavar una zanja en la frontera con Bolivia para frenar el ingreso irregular. (De hecho, la zanja fue finalmente construida durante la actual administración de Gabriel Boric, y se implementó un “muro digital” con vehículos policiales equipados con radares móviles. Más recientemente, Kast ha instado a la construcción de un muro físico).
José Antonio Kast perdió la carrera presidencial ante Gabriel Boric, un joven legislador de izquierda conocido por su postura proinmigración. “No tengo problemas con los inmigrantes sin papeles”, declaró Boric mientras estaba en el Congreso. “Creo que debemos acogerlos, darles oportunidades y tratarlos como los iguales que son”. Pero como presidente, Boric ha respondido al endurecimiento de la opinión pública desplegando el ejército en el norte de Chile para ayudar a la policía en la lucha contra la migración irregular y el narcotráfico. Aunque el mandatario chileno se ha resistido a criminalizar la migración irregular, ya no da la bienvenida a quienes ingresan sin papeles. “Chile no está en condiciones de aceptar más inmigrantes” de Venezuela, afirmó en un discurso en septiembre de 2024, argumentando a favor de una solución política a la crisis venezolana.
El giro de Boric en materia migratoria refleja el creciente rechazo de la opinión pública chilena.
El giro de Boric en materia migratoria refleja el creciente rechazo de la opinión pública chilena. En una encuesta de diciembre de 2024, 77 % de los encuestados consideró que la inmigración es negativa para el país; 87 % apoyó mayores restricciones; 71 % opinó que quienes ingresaron de forma irregular deberían ser expulsados.
El gobierno de Boric ha comenzado a repatriar inmigrantes que han cometido delitos. Hasta octubre de 2024, el Servicio Nacional de Migraciones había expulsado a 910 personas a Haití, Colombia y Bolivia en 15 vuelos altamente publicitados. Sin embargo, no ha logrado negociar la repatriación de migrantes venezolanos, debido a la ruptura de relaciones diplomáticas. Venezuela expulsó a los embajadores de siete países latinoamericanos, incluyendo Chile, en respuesta a las críticas sobre la negativa del régimen de Maduro a permitir una transición democrática.
Además, el Congreso ha aprobado en la Cámara Baja una legislación que amplía las causales de expulsión de inmigrantes. Asimismo, Chile ha alcanzado un acuerdo con Bolivia que permitirá la expulsión de personas que ingresen ilegalmente y sean detenidas dentro de un radio de 10 kilómetros de la frontera, aunque queda por ver hasta qué punto se aplicará realmente.
El gobierno de Boric también ha anunciado planes de “regularización” para inmigrantes sin antecedentes penales que se hayan registrado previamente ante la policía. Esta medida sigue los pasos de iniciativas similares bajo los gobiernos de Bachelet y Piñera, pero ha sido duramente criticada por la oposición, que la califica de “perdonazo”, argumentando que hará a Chile más vulnerable a la migración irregular en el futuro.
El debate sobre la inmigración en Chile gira en torno a varios temas: su impacto económico, la presión sobre los servicios sociales, su relación con el aumento de la delincuencia y su efecto en la cultura e identidad chilena. La inmigración cuenta con firmes defensores en el sector empresarial, que la considera una fuente esencial de mano de obra en un momento en que la población chilena está envejeciendo y su tasa de natalidad ha caído a niveles incluso inferiores a los de Japón. Los agricultores han destacado la importancia de la mano de obra inmigrante para el sector agrícola orientado a la exportación. El Banco Mundial estima que los migrantes venezolanos por sí solos contribuyeron en promedio un 0,2 % al PIB de Chile entre 2017 y 2023, lo que equivale a 117 dólares por persona en el PIB per cápita.
Sin embargo, la inmigración ha ido en aumento mientras el crecimiento económico de Chile, que alguna vez fue la envidia de América Latina, se ha desacelerado. Las causas de esta desaceleración son objeto de un intenso debate nacional. La derecha culpa a la sobrerregulación y al sesgo antiempresarial del gobierno, mientras que la izquierda, incluido el presidente Boric, acusa al sector empresarial de pesimismo ideológico que lleva a la falta de inversión.
Una economía estancada no crea un clima acogedor para los inmigrantes, especialmente cuando se les percibe como una carga para la frágil red de seguridad social de Chile. De hecho, muchos haitianos han abandonado Chile, donde se quejan de racismo y falta de oportunidades, y han intentado llegar a Estados Unidos.
El gobierno ofrece a los inmigrantes acceso equitativo a los servicios de salud y educación estatales por razones humanitarias y para facilitar su integración en la vida nacional. Esto ha generado tensiones debido a los prolongados tiempos de espera en la atención médica estatal. Si bien no está claro si los inmigrantes realmente están sobrecargando los servicios sociales, el Banco Mundial calcula que, por cada peso que un inmigrante venezolano recibe en servicios sociales, paga 1,62 pesos en impuestos.
El aumento de la tasa de criminalidad en Chile ha intensificado estas tensiones. Aunque los estudios indican que la tasa de criminalidad entre inmigrantes sigue siendo más baja que la de la población en general, ha aumentado en los últimos años y los inmigrantes están sobrerrepresentados en los homicidios. (Los inmigrantes también son cada vez más víctimas de homicidios). Aunque la relación entre el crimen y la inmigración es compleja, en la percepción pública ambos están estrechamente vinculados. La presencia de organizaciones transnacionales de narcotráfico en Chile, en particular el Tren de Aragua de Venezuela, agrava estas percepciones negativas.
Las fricciones culturales también contribuyen al sentimiento antiinmigrante. Si bien hay que tomar con cierto escepticismo la afirmación de que los chilenos son los “ingleses de Sudamérica”, la llegada de inmigrantes ha traído consigo una cultura de música tropical, fiestas nocturnas y mercados informales al aire libre, lo que irrita la sensibilidad chilena, especialmente en los barrios populares que ahora comparten con los inmigrantes.
Con una gran población inmigrante ya presente y con las elecciones presidenciales de Chile a menos de un año, el tema seguramente seguirá siendo una prioridad.
Mientras los defensores de la inmigración han instado a los chilenos a acoger la nueva diversidad cultural, acusando a los medios de fomentar el racismo, estos problemas de “calidad de vida” han adquirido relevancia política. Un proyecto de ley, aprobado en la Cámara de Diputados, permitiría a las autoridades revocar potencialmente la residencia de quienes “perjudiquen la convivencia en los barrios mediante conductas reiteradas como peleas, ruidos molestos o comercio ambulante”.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha dejado claro que pretende restringir significativamente la inmigración, hasta el punto de proponer expulsiones masivas de quienes están en el país ilegalmente. El presidente izquierdista de Chile ha evitado en gran medida un discurso tan duro, pero la opinión pública lo ha empujado hacia la derecha. El régimen migratorio chileno se ha ido endureciendo gradualmente, y hay indicios de que la inmigración está comenzando a disminuir. Sin embargo, con una gran población inmigrante ya dentro del país y con las elecciones presidenciales a menos de un año, el tema seguirá siendo prioritario.
Chile deberá gestionar los desafíos migratorios con muchos menos recursos que Estados Unidos y Europa. Será interesante observar y aprender de su experiencia mientras el gobierno busca encontrar el equilibrio adecuado entre incorporar a los migrantes ya presentes en el país y controlar el creciente número de personas que intentan ingresar.