Un paraíso para jubilados afectado por el crimen

En las últimas dos décadas, Ecuador ha comenzado a competir con Costa Rica como destino de estadounidenses jubilados, convirtiéndose en un refugio seguro ubicado entre Colombia y Perú, países afectados por el narcotráfico y la guerrilla. Durante su presidencia de 2007 a 2017, Rafael Correa, dio prioridad a su agenda social para intentar controlar la criminalidad y ofrecer una alternativa a la supuesta "militarización" de la seguridad pública en América Latina.

El gobierno de Correa buscó disminuir la violencia mediante la legalización de algunas pandillas, reconociendo a algunas ya establecidas, como los Latin Kings, al designarlas organizaciones sociales legítimas. Mantuvo canales de comunicación estables con líderes de estos grupos y ofreció oportunidades económicas y educativas a los miembros de las pandillas a cambio de su desarme y su participación productiva con las instituciones públicas. Hubo una drástica disminución en la tasa de homicidios del país, de 17.51 por cada 100,000 muertes en 2010, a 5.81 en 2017.

El sucesor de Correa, Lenín Moreno, mantuvo esta política de legalización, pero cambió drásticamente su relación con las pandillas, eliminando las comunicaciones estatales con los líderes. Además, una muy economía muy endeudada afectó y restringió los programas sociales así como la capacidad para equipar adecuadamente a las fuerzas de seguridad. Moreno  también eliminó el Ministerio de Justicia y redujo el presupuesto del sistema penitenciario como parte de un programa de austeridad fiscal.

Aunque la situación, por encima, parecía ir lo suficientemente bien, John Feeley, ex embajador de Estados Unidos en Panamá, y Peter Romero, ex embajador de Estados Unidos en Ecuador, sugieren que en esos momentos se estaba gestando un tsunami en el horizonte cuando "la desmovilización de las guerrillas colombianas [en 2016], que operaban desde el norte de Ecuador, desató una competencia desenfrenada por controlar el tráfico de drogas en esa región", justo en el momento que se dio "un aumento en la demanda europea por cocaína y se relajaron los requisitos de visa, lo que permitió que miembros de las OTC (Organizaciones Transnacionales Criminales)" —incluyendo a conocidos cárteles mexicanos, guerrillas disidentes colombianas y la mafia albanesa— "entraran en el país sin obstáculos, haciendo causa común con pandillas locales". Estas mismas pandillas, que alguna vez fueron pequeñas organizaciones de contrabando operando en la frontera entre Colombia y Ecuador, evolucionaron rápidamente convirtiéndose en complejas OTCs, a medida que recibían armas, dinero, experiencia y establecían contactos con el exterior. "Guerras por territorios " crearon un aumento de la violencia en las ciudades portuarias de Guayaquil y Esmeraldas. Doug Farah, analista de políticas de seguridad, describe cómo estos factores extranjeros se fueron "posicionando en la estructura criminal", llevando a que la cocaína se convierta en el sexto producto de exportación del Ecuador con un mercado valorado en aproximadamente mil millones de dólares.

Cuando el líder de una de las pandillas más poderosas del país, Los Choneros, fue asesinado en 2020, la organización se fragmentó y dio paso a un ecosistema criminal altamente violento y competitivo, con pandillas rivales expandiendo sus operaciones desde el tráfico hasta la extorsión, un negocio que conlleva altos niveles de violencia e intimidación diaria. Sin embargo, las pandillas mantuvieron cierto nivel suficiente de coordinación para forzar al gobierno mediante masacres, ataques con bombas y disturbios en las cárceles, a ceder el control del sistema penitenciario.

Mientras tanto, la debilitada economía del Ecuador provocó que una gran cantidad de jóvenes estuvieran dispuestos a llevar a cabo cualquier tipo de acción violenta a favor de las las pandillas, algo que el entonces presidente Guillermo Lasso, el reformador de centroderecha que asumió el cargo en 2021, lamentó profundamente.

Lasso, y en cierta medida, su predecesor Moreno, implementaron políticas más estrictas contra las pandillas en un esfuerzo por restablecer el control gubernamental, las cuales incluyeron incursiones militares ambiciosas a lo largo de la frontera con Colombia, flexibilización en la regulación de armas, un estado de emergencia y penas más severas por delitos relacionados con drogas. Jueces y fiscales se vieron abrumados con miles de casos, y enfrentaron crecientes amenazas por parte de organizaciones criminales para eliminar procesos judiciales. Pero el agujero del cual Lasso estaba sacando a su país era simplemente demasiado profundo. Bajo presión política, disolvió el Congreso y renunció, convocando a nuevas elecciones generales en mayo de 2023.

Un nuevo presidente enfrenta la tormenta

Noboa, el ejecutivo de negocios de 36 años nacido en Estados Unidos y graduado de la Universidad de George Washington y de la Escuela de Administración Kellogg, asumió la presidencia el 23 de noviembre de 2023. Su mandato sólo durará 18 meses, lo que queda del periodo de Lasso.

Los desafíos que enfrenta son inmensos. La tasa de homicidios ha aumentado de 5.81 muertes por cada 100,000 habitantes en 2017 a 40 con 7,592 asesinatos en 2023. De hecho, la reciente contienda presidencial fue empañada por la violencia, primero, con el asesinato a sangre fría del candidato de reformista, Fernando Villavicenio, en agosto de 2023 y segundo, con el homicidio en prisión de seis sospechosos colombianos por el atentado.

La violencia es solo la parte visible: Ecuador ocupó el puesto 101 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International en 2022, y el puesto 103 de 140 en el Índice de Estado de Derecho de 2022 del World Justice Project. Una reciente investigación a gran escala realizada por la Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, llamada "Caso Metástasis", expuso el alcance y la infiltración de las organizaciones criminales en las instituciones estatales del Ecuador, lo que llevó a la aprehensión de 31 jueces, policías y otros funcionarios estatales por vínculos con estas organizaciones.

Además, están las cárceles, donde la violencia y la corrupción se entremezclan sin problema alguno. Alrededor de 460 prisioneros han sido asesinados desde 2021, ya que los líderes de pandillas han convertido las cárceles en sus cuarteles de facto, coordinando y gestionando asociaciones con organizaciones criminales extranjeras mientras envían órdenes a jefes locales. Las pandillas han aprovechado el hacinamiento y la encarcelación masiva para incrementar sus filas, ya sea incorporando, de manera coercitiva, a nuevos reclusos o proporcionando incentivos como protección y privilegios para atraer su apoyo. De hecho, la iniciativa de Noboa de militarizar las cárceles del país y emprender un ambicioso proceso de reforma penitenciaria contribuyó en parte a la reciente crisis violenta, ya que los líderes de pandillas percibieron tales políticas como ataques a sus organizaciones e intereses privados.

¿Existe la necesidad de un Plan Ecuador?

El rápido y dramático deterioro de la seguridad en Ecuador, aparentemente sin fin a la vista, llevó al ex embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman, a cuestionar recientemente si es el momento de considerar un compromiso a gran escala y a largo plazo para mejorar las instituciones del Ecuador mediante un modelo similar al exitoso Plan Colombia, es decir, un "Plan Ecuador" adaptado.

Las fortalezas de dicho plan son múltiples. Podría abrir la puerta a tecnología y armamentos mejorados que el país no posee actualmente. Las fuerzas de seguridad están superadas en armamento y cuentan con deficientes capacidades de comunicación y movilidad, en comparación con las pandillas a las que enfrentan. Una inyección de nueva tecnología sería crucial para mejorar sus habilidades y aumentar la moral.

Un programa así también permitiría mejoras en las capacidades de inteligencia y actualizaciones necesarias en administración interna y programas de polígrafo para erradicar a los “malos actores” dentro de las fuerzas de seguridad, especialmente entre el liderazgo. También proporcionaría una plataforma para el desarrollo de una estrategia integrada de planificación y seguridad.

El apoyo también podría dirigirse a los sistemas judicial y penitenciario, donde, en el caso de Colombia, se lograron avances significativos a lo largo de una década de esfuerzos conjuntos concertados.

Además, si se modela de acuerdo según a las fases posteriores del Plan Colombia, habría un programa paralelo para el desarrollo económico y comunitario que puede ayudar a expulsar a las pandillas de las comunidades. También permitiría hacer hincapié en una policía “comunitaria”, con un enfoque en el diálogo con los ciudadanos.

Una idea adicional propuesta por el analista de seguridad regional Juan Henao es contar con observadores de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos u organizaciones no gubernamentales como parte de una misión de seguridad para ser testigos día a día de las acciones de la fuerza de seguridad recién mejorada y garantizar el cumplimiento de las normas internacionales.

Finalmente, el apoyo internacional puede ayudar a construir mecanismos para la coordinación regional. Una mejor coordinación e interoperabilidad con México, Colombia, Brasil, Perú y Centroamérica ayudaría a abordar un desafío inherentemente transnacional.

Teniendo en cuenta la complicada historia del Ecuador con las iniciativas de cooperación internacional en seguridad, especialmente de Estados Unidos, dicho programa tendría que ser cuidadosamente diseñados  e implementado, de manera cautelosa y respetuosa para evitar posibles reacciones políticas adversas. Las decisiones, planes y programas serían diseñados y liderados por ecuatorianos, con asesores extranjeros, desde un segundo plano. Además, se debe tener en cuenta el hecho de que Noboa se presentará nuevamente a elecciones en mayo de 2025. Su continuidad solo puede ser hasta cierto punto en una democracia por lo que se verá afectada por los éxitos iniciales y la naturaleza de cualquier nueva relación de seguridad.

Trabajando de la mano con las autoridades y líderes locales, y aprovechando el actual momento de unidad nacional, Estados Unidos y Ecuador pueden asegurar un plan que empodere al gobierno ecuatoriano para enfrentar los desafíos actuales, y garantice la primacía de los principios de transparencia, rendición de cuentas, supervisión civil y limitación temporal en la aplicación de la fuerza contra las estructuras criminales.

Paola Ricaurte es asistente de programa en el equipo de Asociaciones Estratégicas del USIP.